El pasado jueves a mediodía, a unos veinte kilómetros de Madrid, una larga columna de personas caminaba por el arcén de la autovía A4, seguidas por un par de furgonetas. El cielo estaba despejado. Hacía calor en la última mañana de invierno. El carril derecho había sido cortado al tráfico; un escaso trastorno en una vía que en algunos tramos tiene hasta cuatro carriles. Algunos centenares de metros más adelante, sobre el viaducto de la 506, centenares de personas, también con chalecos de emergencia, se asomaban al pretil, contemplaban la lenta marcha de sus compañeros.... En un país con millones de parados, empobrecimiento generalizado de las rentas medias y salarios de miseria en las más bajas, no parece desproporcionado que colectivos especialmente golpeados por la gestión de la crisis organicen una Marcha por la Dignidad. Lo extraordinario es, quizá, que en los dos últimos años las protestas hayan ido desinflándose, como las manifestaciones, como la contestación... Aún no tenemos una perspectiva suficiente para entender por completo la magnitud del cambio que se está produciendo en España, ni hacia dónde se nos lleva. ¿Está el gobierno seguro de que su política es la mejor para el conjunto de los españoles? ¿Tanta fe tiene en estar haciendo "lo que hay que hacer"? No lo creo. Los gobernantes, de todas las latitudes y todas las épocas, corren el riesgo de, por no poder mejorar la realidad, querer cambiar la percepción que los ciudadanos tienen de ella. ¿Realmente el gobierno conoce y entiende el profundo malestar de los españoles a los que representa? Me preocupan, y mucho, las declaraciones de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, sobre los participantes en la marcha. En estos momentos, no sé si se ha desdicho, si ha rectificado. Quizá sí. No entro a considerar si sus palabras son improvisadas o meditadas. Son palabras de una institución. Porque un presidente es una institución. Identificar a trabajadores andaluces, manchegos, castellanos, asturianos, valencianos... y madrileños con fascistas es un síntoma preocupante de la criminalización de la pobreza y de la protesta. Barriendo a los contestatarios, marginándolos, criminalizándolos... ¿mejora la realidad?
